Ordenanzas que limitan la proliferación de locutorios
Badalona ha aprobado recientemente una ordenanza municipal que pondrá condiciones singulares a la apertura de nuevos locutorios en la ciudad. No es algo nuevo. Son muchos los ayuntamientos que han elaborado ordenanzas que difícilmente pasarían un mínimo filtro jurídico: limitaciones absolutamente arbitrarias de horarios más allá de las normas vigentes o la definición de distancias mínimas entre establecimientos para su instalación, habituales en farmacias o estancos, pero que en este caso no responden a la acción de un colectivo por mantener sus privilegios y combatir la competencia, sino a la presión de las asociaciones de vecinos contra los comercios regentados por extranjeros. Frente a ello, estas normas suelen aprobarse sin discusión, ni siquiera de la izquierda más antirracista, que valora los votos en barrios populares, cercanos, por encima del discurso políticamente correcto al uso. Tampoco los medios de comunicación son muy incisivos y suelen aceptar el discurso legitimimador de las mismas, generalmente ligado a la necesidad de “preservar la diversidad comercial en estas zonas” como si locutorios, carnicerías halal y demás no vinieran a instalarse en barrios generalmente deprimidos a los que en muchos casos salvan de una segura muerte comercial por abandono. Como si su sola limitación viniera a propiciar la instalación de El Corte Ingles.
El poder político local respondería, de esta manera, a cierto racismo latente entre los vecinos donde se suele concentrar la población extranjera y, consecuentemente, sus comercios. Barrios que, en Catalunya, pertenecían a una generación previa de inmigrantes, de gentes que vinieron del resto de España a trabajar en las fábricas textiles en los años del desarrollismo. Inmigrantes instalados contra inmigrantes recién llegados, un racismo paradójico, propicio para una literatura sociológica de la globalización que critica la contradicción de un libre comercio para las mercancías y las restricciones a las personas sin percatarse de que la respuesta a la paradoja está implícita en su proposición: justamente porque las personas no son mercancías, no son neutras, sino que en su presencia llevan consigo maneras diferentes de pensar; valores que pueden chocar con los ya instalados.
Pero, ¿y si no existiera tal paradoja?, ¿y si la explicación del rechazo a los locutorios no estuviera en el racismo, sino en los costes reales que genera su instalación? Entonces ya no hablaríamos de cultura sino de economía, de las externalidades que generan ciertos servicios. El “no” a los locutorios no sería entonces muy diferente al “no” a las gasolineras, a las antenas de telefonía móvil u otras instalaciones que se rechaza tener cerca por el temor a riesgos indefinidos o bien a una pérdida del valor de la vivienda (siendo ésta la inversión más importante de las familias), aunque paradójicamente se reconozca la necesidad de esos servicios para mantener nuestra calidad de vida. Y aquí radica una de las diferencias, mientras que otras instalaciones son genéricas para toda la población, tanto en sus servicios como en sus externalidades, los locutorios generalizan estas últimas, pero al servicio exclusivamente de los inmigrantes extranjeros, un colectivo visible y por ello culpabilizable, sin recursos económicos suficientes para costearse su propio derecho a la in-diferencia.
Entradas
