Cuando todavía no se
ha cumplido la mitad de una legislatura que debería centrarse en resolver la
difícil situación económica la corrupción ocupa la agenda política.
La descomposición de las instituciones que ésta genera cuestiona su capacidad
de respuesta cuando más necesaria resultaría. Una de las manifestaciones de esa
descomposición afecta al sistema de partidos, incapaz de autoregenerarse desde
el mecanismo de alternancia en el poder. La crisis económica ha generado una
bajamar que pone al descubierto el carácter estructural de la financiación
ilegal de los partidos, origen de todo tipo de corruptelas personales. Uno más
de los devastadores efectos del envilecimiento de la ley, para el que ha sido
esencial la okupación de la justicia realizada por los partidos políticos. Así,
la ciudadanía tiene la sensación de que éstos son impunes en lo referente a su financiaron
ilegal y que nadie que robe, si lo hace en provecho de la organización (aunque
por el camino se haya quedado una parte), va a la cárcel. Sólo los
francotiradores, los que no tienen suficiente poder o info rmación para incriminar al resto de cargos perecen estar sujetos a la ley.
Las instituciones
surgidas de la transición, como el sistema de partidos, la estructura
territorial y la propia jefatura del estado han perdido la funcionalidad que las
legitimaba ante una ciudadanía que parece asumir esa descomposición con un fatalismo
que podría desembocar en una italianización
de la política española, bien mediante la aparición de un líder populista o bien
por la imposición de un tecnócrata desde instancias europeas; situaciones ambas
que certificarían el fracaso de España como estado democrático. Que las encuestas
indiquen un desgaste brutal del partido del gobierno, sólo superado por el del
partido en la oposición y posible recambio, es un buen indicador de ese
fatalismo.
¿Cómo hacer frente a
esa descomposición? Pareciera que una parte de la élite política o económica
está optando, según los acontecimientos recientes, por el ajuste más que por la
rendición (accountability) de cuentas
mediante oscuras intrigas palaciegas, toda vez que el ruido de sobres, ¡perdón!
de sables ya no es homologable en nuestro contexto. Estos movimientos tienen
más que ver con la voluntad de resituarse ante la constatación de que el
estado, como capturador de rentas, ya no da para tantos que con una auténtica
voluntad regeneradora pues ésta, como finalidad, se vería totalmente
traicionada por la opacidad de sus medios. Es indispensable que cualquier
alternativa se legitime democráticamente y que los medios sean tan
transparentes como los fines que se persiguen. Y esa alternativa, si es
correcta la intuición de la imposibilidad de regeneración del sistema de
partidos desde dentro, pasa por apelar a las personas en detrimento de los
sistemas. El buen sistema es aquél que es capaz de solventar los problemas que
plantean los malos gestores. Dicho de otro modo, un sistema pasa a ser
disfuncional cuando no puede asumir el fallo de las personas sin dejar de
cumplir su función, y es en ese momento cuando se hace imprescindible apelar a lo
singular, a lo excepcional y no al método. Quizás estemos en ese momento.
La democracia española
debería tener la posibilidad de activar en los próximos procesos electorales una
válvula de escape que le permita huir del dilema entre la descomposición y el
desgobierno. No se trata de sustituir el sistema de partidos, sino de facilitar
su ajuste mediante un reinicio (reset) que inevitablemente debe
realizarse desde fuera, aunque siempre con el objetivo de mejorar su
funcionamiento, ya que no hay sistema democrático sin sistema de partidos. La
apelación a las personas es la excepción y no la regla, entre otras cosas
porque significa introducir un voluntarismo incompatible con la estabilidad. La
válvula de escape que planteo consiste -si se me permite cierto lenguaje
decimonónico- en que "ciertos hombres buenos", de reconocido
prestigio en sus ámbitos profesionales, se comprometan con el país y articulen
una propuesta electoral (como movimiento y no como partido) con un único
compromiso en su programa: la regeneración de las instituciones públicas como
requisito imprescindible para que éstas sigan cumpliendo su función. Ese único
compromiso debería ceñirse a lo procedimental y no a lo sustancial e
ideológico, a fin de obtener un amplio consenso en una ciudadanía que puede
tener opiniones muy diversas en temas concretos, económicos o religiosos, pero
que converge en la necesidad de recuperar el poder que la partitocracia le ha
arrebatado.
Ese compromiso
electoral consistiría en 4 puntos básicos que, de cumplirse, obligaría a una
reforma constitucional y los procesos ligados a ello. Una vez cometida su
función, ese movimiento desaparecería dejando el protagonismo a unos partidos políticos
ya adaptados a las nuevas reglas de juego. Esos 4 puntos básicos serían:
1.
Transformación
del sistema electoral de manera que los elegidos respondan a los electores y no
a las cúpulas de los partidos políticos. Cambiar el actual sistema proporcional
por otro mayoritario es el elemento clave de esa reforma.
2.
Transformación
de la estructura territorial del estado, eliminando duplicidades entre
administraciones y transformando el modelo autonómico. En otro artículo he explicado la
necesidad de limitar el poder legislativo a las autonomías históricas y aplicar
una descentralización administrativa al resto del territorio.
3.
Despolitizar
la justicia. A estas alturas se hace totalmente imprescindible volver a creer
en la separación de los poderes ejecutivo y judicial. Los órganos de poder de
los jueces no se pueden seguir escogiendo con criterios partidistas ni éstos
deben estar sometidos a los cambios de gobierno. La excusa según la cual el
sometimiento de la justicia a la política era requisito para afianzar la
transición de una dictadura a una democracia ha generado un mecanismo perverso
que sólo ha servido para envilecer la ley. En el sistema actual los órganos de
la judicatura no tienen ningún incentivo para suspender sus juicios
partidistas.
4.
Introducir
elementos de eficacia y eficiencia en la gestión pública. Existe un largo
recorrido reformista en el funcionamiento de las administraciones públicas previo a la
discusión ideológica sobre sus competencias.
Tan importante es el
fondo (aunque paradójicamente sea procedimental) como la forma para evitar
tendencias populistas. Es por ello que sería indispensable puntualizar que:
a.
No se propone
un nuevo partido con voluntad de permanecer, sino un movimiento con fecha de
caducidad: el cumplimiento de esos 4 puntos programáticos, tras lo cual se
debería dejar paso a la dinámica de los partidos ideológicos tradicionales.
Esos “hombres buenos” no serán profesionales de la política, sino personas de
éxito que, por ello, pueden sacrificarse
temporalmente por el país para marchar a sus casas una vez cumplida su función.
b.
Las
propuestas no van en contra de los partidos, sino que abogan por su necesaria
transformación para volver a ser útiles a la sociedad. Esos mismos partidos,
aunque renunciando a su liderazgo, deberán implicarse en el desarrollo de las
propuestas para propiciar el necesario consenso en la tramitación de los
cambios constitucionales que su aprobación implicaría.
c.
Esos cambios
constitucionales darían paso a un nuevo modelo de estado que podría representarse
en un relevo de la jefatura del estado, resaltando su carácter constituyente.
Evidentemente, este
proceso se desarrollaría en caso de resultar esa alternativa vencedora en un
proceso electoral, pero su sola presencia y un apoyo importante de la
ciudadanía podría ser suficiente para ayudar
a dar el paso a unos partidos reacios a afrontar su necesaria regeneración.
Como este artículo es,
en sí mismo, puro voluntarismo, permítanme trasladarles el juego de los nombres
¿Quién podría liderar un movimiento de este tipo? Como habrán imaginado este
recurso es sólo una excusa para lanzar el mío: Amancio Ortega. Un hombre
discreto con su vida y su dinero, al cual no se conoce posicionamiento político
alguno, que indudablemente ha triunfado en su ámbito profesional, en el cual ha
demostrado saber dirigir una gran organización multinacional…y, por último pero importante, del cual nadie
podría decir que se acerca a la política para enriquecerse.
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